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jueves, 15 de marzo de 2018

La grave crisis de la prensa oficial cubana



Al amanecer del 9 de noviembre de 2017, los lectores del diario Granma encontraron en sus páginas una nota insólita, que en 45 palabras anunciaba la destitución deshonrosa del hombre que hasta el día anterior había conducido las riendas de ese rotativo, el más importante de la Isla.

Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), fue nombrado así a partir del yate con el cual Fidel Castro y sus primeros combatientes dieron inicio a la insurrección armada en las montañas de la Sierra Maestra, tiene su sede frente a la del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y a menos de cien metros del Palacio de la Revolución, el gigantesco complejo de oficinas donde se concentran las máximas instancias del Estado y el Partido en la isla. Desde allí, durante 41 años, Fidel ejerció el poder absoluto; desde allí, en la última década, Raúl Castro ha intentado sentar las bases del “socialismo próspero y sostenible”.

A los pies de la colina donde se levanta el Palacio, cruzando la Avenida Boyeros, se alinean los edificios que albergan las redacciones de los tres periódicos nacionales de Cuba (Granma, Juventud Rebelde y Trabajadores). El mensaje simbólico que transmite la disposición de las construcciones nada tiene de gratuito. Por ley, en Cuba toda la prensa es estatal y está dirigida por el Departamento Ideológico del Partido, sin importar si se trata de un canal televisivo de deportes o una revista femenina. El nombramiento o destitución de sus directores es competencia del Comité Central o sus homólogos a nivel provincial, y los trabajadores del sector sientan plaza en nóminas que reciben sus fondos directamente de las cuentas del PCC o de instituciones que se le subordinan.

Pelayo Terry, periodista de la raza negra y supuesto 'villano' de la noticia, había sido nombrado director de Granma cuatro años atrás, mediante una resolución del Partido que antes había ordenado “liberarlo” de la dirección de Juventud Rebelde, el segundo diario más influyente del país, órgano de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). En ese último cargo, Terry había permanecido cuatro años. Antes, durante casi nueve años, había ejercido como subdirector editorial de JR. Era, en pocas palabras, un “hombre de confianza”, que de acuerdo con fuentes dentro de ambos rotativos, había sido llevado a Granma para “acabar con el autoritarismo del anterior director, Lázaro Barredo Medina”.

Al producirse el cambio, algunos insistieron en verlo como un intento de renovación, acorde con los llamados del Sexto Congreso del Partido, que en abril de 2011 había reclamado “acabar con la grisura y el conformismo de la prensa revolucionaria”. Cuatro años más tarde su destitución ha sido pública y humillante, como si con su caso se pretendiera enviar un mensaje.

Los problemas en Granma son numerosos y de larga data. Entre todos, el más significativo es que solo la mitad de su plantilla se haya cubierta. “La gente no aguanta. Los periodistas recién graduados llegan para cumplir el Servicio Social y a los pocos meses ya están buscando la forma de irse; y lo mismo pasa con los diseñadores, los fotógrafos... Como en el resto de los medios de prensa en Cuba, aquí los mayores salarios alcanzan a duras penas los 600 pesos mensuales (cerca de 25 dólares)”, señaló un extrabajador del rotativo.

La crisis ha escalado hasta el punto de que no son pocos los profesionales de su plantilla que deben simultanear tareas, entre ellas, la de editor de la página web. Hace pocos meses se llegó a barajar la posibilidad de habilitar permisos de edición a los periodistas y corresponsales en el interior del país, con el objetivo de que actualizaran el sitio en internet del diario desde sus provincias de residencia. La razón detrás de tan extrema medida era la ausencia de personal para asumir la tarea en la sede central del periódico.

No es un caso aislado. Solo entre finales de 2016 y comienzos de este año más de 70 empleados presentaron la renuncia en Juventud Rebelde, el rotativo que hasta hace poco conducía Yailín Orta, recién nombrada directora de Granma. Entre las causas que los motivaban, excompañeros suyos apuntan a los ya mencionados problemas materiales y a la presión del Partido a la hora de seleccionar los temas de los trabajos periodísticos. “No son pocas las veces que una edición se paraliza porque las planas de prueba tienen que estar yendo y viniendo del Comité Central con correcciones. Hay un momento en el que cualquiera se cansa”, dijo uno.

El símbolo más costumbrista de ese estado de cosas son las llamadas “planas repetidas”, ediciones con páginas iguales para cualquiera de los periódicos nacionales. Por lo regular, son confeccionadas a partir de fotos aportadas por los Estudios Revolución, perteneciente al Consejo de Estado, y con un mismo texto firmado por alguno de los reporteros que acompañan a la máxima dirección del país. Similar principio funciona para la televisión y la radio, solo incorporando imágenes y sonido.

La situación ha dado pie a ocasionales protestas, sobre todo en asambleas de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). Así ocurrió el pasado 3 de octubre, durante un encuentro en el semanario 5 de Septiembre, de la provincia de Cienfuegos, en el sureste de la isla. Lo significativo del suceso fue que en esa ocasión el rotativo implicado se atrevió a publicar en su página digital una breve reseña del debate, en la que calificaba de “abusivas” las condiciones laborales de sus empleados. “Es necesario cambiar la gestión de los medios de comunicación en Cuba”, apuntaba la nota, tras considerar “pésima” la infraestructura disponible, debido a “la crítica situación del transporte, los excesivos recortes de combustible y energía, las deudas tecnológicas todavía pendientes” y la falta de mejoras salariales.

Como era de esperar, la información estuvo pocas horas en línea, pues desde el Comité Central no demoró en llegar la orden de despublicarla. Hoy solamente se puede consultar a través de Google’s cache.

Hasta hace un par años, la dirección nacional de la UPEC y el Comité Central del Partido mantuvieron la “ficción” de que una reorganización del gremio estaba a la vuelta de la esquina. De acuerdo con los trascendidos, el proyecto incluía el establecimiento de una suerte de Ministerio de Información y la promulgación de la correspondiente Ley de Prensa, además de una mayor autonomía para los medios y mejores pagos y condiciones de trabajo para sus profesionales.

Desde 2013, una comisión de “expertos” integrada por reconocidos periodistas y liderada por el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha estado reuniéndose todos los meses, con el objetivo de encontrar soluciones y asesorar en la redacción de la nueva norma legislativa. Hasta ahora, sus resultados han sido nulos.

La falta de cambios motivó que en junio de 2016 la subdirectora del propio Granma, Karina Marrón, pronunciara un encendido discurso durante una de las sesiones del Comité Nacional de la UPEC. “Mientras el Partido y la prensa sigamos mirando para un lado y no para donde tenemos los problemas reales, mientras sigamos viendo las cosas por separado y no como un todo, no vamos a resolver jamás los problemas que llevamos años discutiendo. Este país no aguanta otro 1993, otro 1994. Sin un Fidel para salir al Malecón, para la prensa va a ser muy difícil enfrentar lo que tenemos hoy; nos vamos a quedar dados”.

Karina Marrón no es una periodista más. Hasta hace pocos años vivió en Holguín, la provincia del Oriente de la Isla donde nacieron Fidel y Raúl Castro, y desde la cual Díaz-Canel escaló hasta la alta posición que ahora ocupa, a las puertas de la presidencia. En Granma ha ganado notoriedad por su eficiencia y capacidad de diálogo, y según fuentes dentro del rotativo, era una de las principales partidarias del destituido Terry. Algunos la definen como una “una fidelista militante, pero consciente de los errores del sistema, a la que no le da miedo discrepar”.

A todas luces son características no muy apreciadas en Palacio, donde se decidió postergarla en favor de una candidata a la que por años ha distinguido su absoluto alineamiento con la línea más conservadora de la UJC y el Partido. “Yailín Orta se ganó el cargo en una reunión de la UCI (la Universidad de Ciencias Informáticas), donde expresó que había que ‘esforzarse más y pedir menos’. Mientras, Pelayo y su gente se aparecieron con demasiadas ideas de autofinanciamiento y autorregulación de contenidos”, cuenta uno de los asistentes al Primer Taller Nacional de Gestión de Medios de Comunicación. Esa suerte de congreso nacional de la prensa, se había perfilado como un momento de definiciones para la prensa estatal. Fue la premisa con la que viajaron a la capital los directores de medios de todo el país, a comienzos de noviembre.

El mismo informante detalla cómo era un secreto a voces las diferencias entre el exdirector de Granma y los funcionarios políticos encargados de supervisarlo. Pero la tapa del pomo (la gota que colmó el vaso), fue la decisión de no publicar el discurso de José Ramón Machado Ventura, segundo Secretario del Partido, en la gala por el Centenario de la Revolución de Octubre”.

“Granma podría utilizar sus presupuestos para contratar directamente servicios como la conexión a internet, pues contamos con diversas fuentes de ingresos. Nuestra idea es aproximarnos a cómo podríamos gestionarnos mejor, a cómo queremos ser”, había apuntado en el encuentro mencionado Oscar Sánchez Serra, uno de los subdirectores de Granma. A su cargo estuvo el detallar la hoja de ruta para una transformación que serviría de referencia a todo el sector.

Pero el hecho es que la propuesta naufragó. Para reseñar su hundimiento bastaron 45 palabras en un rincón de la primera página del periódico. Como era de esperar, encabezando la plana estaba el discurso que un día antes “alguien” había olvidado publicar.

Ignacio Isla
El Confidencial, 28 de enero de 2018.
Foto de Reuters tomada de El Confidencial.
Leer también: Corazón de matarife, de Raúl Rivero.

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